Este informe de Unicef lleva a cabo un examen exhaustivo de las políticas públicas de protección a la infancia desarrolladas en los últimos años en España. El documento comienza repasando el abordaje de la privación monetaria y material de niñas, niños y adolescentes, para después centrarse en las medidas puestas en marcha para proteger el derecho a la educación y el cuidado en la primera infancia, a la educación y las actividades extraescolares, a acceder a por lo menos una comida por día lectivo, a la salud, a una vivienda adecuada y, por último, el derecho a una nutrición saludable. Las experiencias recogidas y lo aprendido en este ejercicio pretenden orientar la implementación de la Garantía Infantil en España, para lo cual se plantean, además, objetivos e indicadores, y se realiza un mapa de competencias en materia de protección a la infancia de los distintos niveles administrativos. A modo de criterio general, Unicef considera que aplicar la Garantía Infantil en España "requiere un marco de gobernanza institucional eficaz, una respuesta personalizada adaptada a las necesidades de los grupos más vulnerables y un enfoque territorializado de los programas basado en las mejores prácticas".