España es uno de los países europeos con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil: en 2018, este indicador alcanzaba el 26,8%, superando en 6,6 puntos porcentuales la media comunitaria. Esa cifra se ha relacionado tradicionalmente con el elevado desempleo que caracteriza el mercado laboral español, la mayor recurrencia de la pobreza entre las familias con hijos/as y el escaso efecto de las transferencias sociales sobre la reducción del riesgo de pobreza infantil. Para indagar en este último factor, los autores del presente informe estudian el sistema de transferencias de ingresos a las familias.
Los resultados apuntan al predominio de los instrumentos fiscales frente a las prestaciones económicas, al contrario que en otros países de la Unión Europea. En términos absolutos, las ayudas económicas son progresivas y las desgravaciones, regresivas, pero en su conjunto las transferencias son progresivas, y su efecto redistributivo, que es limitado, obedece fundamentalmente a las prestaciones no específicas para familias con hijos/as. El documento se ocupa también del ingreso mínimo vital, que incrementa el efecto protector del sistema, si bien refuerza las prestaciones no dirigidas especialmente a las familias.