La financiación pública de los cuidados de larga duración persigue garantizar el acceso a los servicios, limitar su coste para las familias y reforzar la atención comunitaria para evitar así ingresos hospitalarios innecesarios. Este informe editado por la OMS describe cómo se financian los sistemas de atención a la dependencia de varios países ricos —entre ellos, España—, cómo se determinan los criterios para el acceso gratuito a los servicios y cómo se fijan los precios de estos en caso de copago.
El estudio recomienda que los cuidados de larga duración cuenten con una financiación estable e independiente, si bien esta última puede acarrear problemas de coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios. La coordinación también resulta clave para sortear la tendencia de los sistemas de atención a la dependencia a fragmentarse, la cual deriva de la multiplicidad de necesidades, niveles administrativos y proveedores. Por último, el documento señala la escasez de evaluaciones sobre los mecanismos de pago y fijación de precios como un lastre para la mejora de la calidad y la eficacia de estos sistemas, que requieren información detallada sobre la influencia del coste en la toma de decisiones sobre el cuidado.