Persisten las desigualdades autonómicas en la atención a la dependencia

Según el XIX Dictamen de la Ley de Dependencia, a pesar de que en 2018 la mayoría de los parámetros del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) han mejorado, siguen existiendo desigualdades en la cobertura y los modelos de gestión, que están fuertemente condicionados por la comunidad autónoma de residencia.

Este nuevo dictamen del Observatorio de la Ley de Dependencia, realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Asuntos Sociales, analiza y valora la gestión y la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2018. Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) en diciembre de 2006, se pueden distinguir tres fases en su implementación, según este informe. En primer lugar, un periodo de despegue que se prolongó hasta mediados del 2011, en el que se detectaron ciertas dificultades en su puesta en marcha. La segunda etapa, desarrollada entre 2012 y 2015, se caracterizó por las restricciones presupuestarias y de derechos introducidas, que supusieron una fase de parálisis y retroceso generalizado. A mediados de 2015, se inició una fase de recuperación, con la entrada al sistema de la totalidad de las personas con dependencia de grado I, tendencia que parece consolidarse en 2018.

En efecto, a 31 de diciembre de 2018 en España 1.304.312 personas estaban en situación de dependencia reconocida, un 3,1% más que el año anterior (39.361 personas más). Las atendidas por el SAAD fueron 1.054.275, con un aumento del 10,4% (99.444 personas más). Los datos evolutivos muestran un descenso respecto a 2017 de 60.083 personas en lista de espera para recibir prestaciones o servicios a los que tenían derecho. Crecieron también los servicios entregados (13,7%), y lo hicieron en mayor medida que las prestaciones económicas por cuidados familiares (aumento del 5,5%), lo que se relaciona con el aumento del empleo neto creado por el sistema y los retornos económicos de la inversión pública. De hecho, en 2018 la estimación de empleos directos asociados a las atenciones de la LAPAD era de 247.114, casi 29.000 más que en 2017; la ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público era de 37,7; y la tasa de retorno ascendía al 40%. El sistema mostraba, por tanto, una gran capacidad para generar empleo y obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos.

A pesar de que el SAAD parece haber retomado cierta velocidad en esta tercera fase de recuperación, donde la mayoría de los parámetros de gestión han mejorado (número de personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y servicios/prestaciones entregados), el informe realiza algunas matizaciones sobre ese diagnóstico. En primer lugar, a finales de 2018 todavía había en España 250.037 personas dependientes desatendidas (19,2% del total). Asimismo, el documento remarca el elevado número de personas fallecidas sin haber podido acceder a la atención del SAAD a la que tenían derecho (30.409 personas), aunque la causa del fallecimiento no fuera la carencia de los servicios o prestaciones. En segundo lugar, el descenso en la lista de espera se ha producido, principalmente, entre las personas en situación de dependencia moderada (grado I). De hecho, el 39,3% del total de personas desatendidas eran dependientes en situación severa o grandes dependientes (grados II y III), lo que sin duda pone en evidencia que, en vez de priorizar a quienes presentaban situaciones más graves, se ha optado por atender a aquellas personas cuyas necesidades de apoyo, en principio, son de menor intensidad y, por tanto, de menor coste.

En relación con dicho coste, el documento calcula que los recortes acumulados en dependencia realizados por la Administración General del Estado entre 2012 y junio de 2015 por medio del Real Decreto Ley 20/2012 ascienden a 5.406 millones de euros ―considerando la modificación de las cuantías, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de la financiación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales―. La recuperación comenzada en junio de 2015 parece consolidarse en 2018. Sin embargo, el informe subraya que ese avance se está produciendo a costa de las comunidades autónomas y de los copagos familiares. Así, la Administración General del Estado soportó el 16,1% del coste directo de las prestaciones y servicios entregados (1.330 millones); las personas usuarias, el 20,6% (1.703 millones); y las administraciones autonómicas, el restante 63,3% (5.219 millones).

Uno de los aspectos más destacados por el estudio es la amplia variabilidad entre comunidades autónomas en lo referente a la cobertura, prioridades, listas de espera, incorporación y evolución del sistema, así como al esfuerzo financiero realizado. En efecto, mientras que la cobertura del SAAD a escala estatal era del 10,1%, en Castilla y León suponía un 13,6%, frente al 5,4% en Canarias. Igualmente, la lista de espera suponía en el conjunto de España un 19,2%; sin embargo, dos comunidades ―Andalucía y Cataluña― aglutinaban el 60% de la lista de desatención de todo el Estado, en contraste con la casi plena atención registrada en Castilla y León y Ceuta y Melilla, con listas de espera del 1,6% y del 6,2%, respectivamente. En cuanto al gasto público medio por persona dependiente atendida ―así como la potencialmente dependiente― se situaba en 6.580 euros al año en el conjunto de España, pero mostraba notables diferencias por territorio, oscilando entre los 5.160 euros al año en Murcia y los 7.697 en Cantabria o 7.450 en el País Vasco. Finalmente, la estimación sobre la capacidad para generar empleo también variaba, desde los 18 empleos por millón de euros de gasto público en Baleares hasta superar los 50 en Extremadura y Castilla y León.

Basándose en los indicadores actuales y su evolución reciente, el dictamen clasifica las comunidades autónomas en cuatro grandes bloques. El primero estaría formado por Castilla y León, Ceuta y Melilla y Navarra, que han logrado cifras cercanas a la plena atención, con listas de espera inferiores al 10%. El segundo grupo lo formarían ocho comunidades que han avanzado y que, pese a que aún mantienen cierta lista de espera, entrarían en plena atención en menos de dos años; en concreto, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Dentro del tercer bloque, Asturias, Canarias, Cantabria y País Vasco se encontrarían en una situación de estancamiento, con una reducción más lenta de la lista de espera. Finalmente, Andalucía, Cataluña y La Rioja formarían el cuarto grupo, que presenta una situación preocupante por su actual ritmo de incremento de personas atendidas.

Los factores que han contribuido a este fuerte desequilibrio interterritorial son múltiples, según el informe, y entre ellos se mencionan, en primer lugar, los diferentes modelos organizativos, el distinto grado de implantación de los servicios o la diferente trayectoria seguida por unas comunidades autónomas y otras. En segundo lugar, se cita la inestabilidad en los órganos de gestión del sistema a escala estatal y autonómica; y en tercero, la infrafinanciación general del sistema por el Gobierno central en un contexto de crisis, que ha llevado a una reacción heterogénea por parte de los distintos territorios.