La cobertura del sistema de dependencia español debería ampliarse un 78% para alcanzar los niveles de Suecia

Este estudio realizado para el Ministerio de Hacienda analiza las implicaciones de equiparar el sistema de atención a la dependencia español a la de los países referentes en materia de política social.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supuso un hito en materia de política social. El sistema de servicios sociales asumió el reto de atender las necesidades de aquellas personas que requieren de apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Implantada hace algo más de una década (2006), supuso para España un primer paso hacia un modelo de atención de carácter público y universal, y, por tanto, hacia el abandono paulatino del modelo tradicional de responsabilidad familiar de los cuidados, en crisis por las tendencias demográficas y sociales, e injusto desde el punto de vista de asimetría de género. Llamado a ser el “cuarto pilar” del Estado del bienestar, la sucesión de acontecimientos posteriores a la crisis económica, unida a una serie de errores de diseño e implementación, han configurado un sistema insuficiente para atender como es debido la demanda existente. Tal es el caso que, a finales de 2016, el número de personas mayores de 65 años en situación de dependencia reconocida con derecho a prestación sin recibir servicios era de casi 270.000. A día de hoy, España está muy por debajo de la media de la OCDE en indicadores como gasto público en dependencia, porcentaje de personas atendidas por el sistema o empleados en el sector de cuidados. Los datos generados por el propio Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) muestran problemas graves, en especial la citada persistencia de una bolsa importante de personas con derecho reconocido, pero no atendidas en la práctica ―alrededor del 25% de aquellas con derecho a atención―.

En este estudio financiado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, se propone un modelo de atención a la dependencia basado en un sistema universal de servicios públicos que cubran de forma adecuada y suficiente la demanda actual y prevista de cuidados, y supere, por tanto, las limitaciones del actual modelo. En este sentido, se defiende la necesidad de una profunda reorientación del sistema de atención a la dependencia en España y se evalúa el coste de provisión y los posibles efectos en el empleo y otras variables económicas y sociales. Las estimaciones realizadas se basan en dos escenarios alternativos: el primero, considera un nivel de cobertura adecuado de acuerdo con una estimación del nivel de demanda real existente; y el segundo, considera un nivel de cobertura basado en el sistema sueco de dependencia, país referente a nivel mundial en cuanto a política social.

En primer lugar, cabe considerar que la necesidad real de atención va más allá de lo reflejado en las “listas de espera”, dado que el sistema actual no contempla las situaciones de necesidad en las que no existe derecho reconocido, ya sea porque no se ha solicitado la valoración o porque esta ha resultado negativa por no llegar a la puntuación mínima. En consecuencia, las estimaciones realizadas identifican un número de personas dependientes que supera en 300.000 individuos la cifra reconocida por la Administración ―ascendiendo de 900.000 a 1.200.000―. En cambio, si se aplicarán los niveles de protección vigentes en Suecia, la cobertura actual debería expandirse un 78 %, hasta alcanzar a 1,6 millones de personas. Además, los cambios en las necesidades de cobertura no solo conciernen al número de usuarios, sino que también inciden en la estructura e intensidad del catálogo de prestaciones. En palabras de los autores del estudio, la cartera de servicios del SAAD ha estado desde un principio indebidamente sesgada hacia la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, concebida originalmente como excepcional, pues a finales de 2016 el 36 % de las prestaciones del sistema correspondían a esta modalidad. Así, en los dos escenarios manejados se estima necesario el aumento de la intensidad protectora, con más servicios por persona beneficiaria, y la sustitución de las prestaciones monetarias por servicios directos a las personas dependientes ―atención domiciliaria, centros de día―.

El sistema que se propone requeriría aumentar la inversión social en pos de garantizar la universalidad real y una mayor intensidad protectora. Paralelamente, precisaría reforzar y diversificar la oferta pública de servicios, a fin de que las entidades públicas pudieran responder a la variedad de situaciones de necesidad que puedan surgir. Estas cuestiones exigen de la estimación de los recursos adicionales que habrían de dirigirse al sistema de dependencia. En ambos escenarios, el coste total superaría los 17.000 millones de euros, tres veces el coste actual. En otros términos, el gasto anual medio por persona, pasaría de los 9.365 euros actuales a situarse entre 10.800 (modelo sueco) y 14.700 euros (demanda real estimada).

Pese a requerir un esfuerzo económico considerable, los autores señalan algunas vías de financiación que podrían reducir la carga presupuestaria adicional. Por un lado, se considera la posibilidad de eliminar los incentivos fiscales asociados a la edad, discapacidad y la dependencia en el IRPF, que han ido aumentando con el tiempo y suponen una pérdida de recaudación fiscal importante, de en torno a 1.700 millones de euros. Estos nuevos ingresos podrían dedicarse completa o parcialmente al presupuesto para el sistema de dependencia. Asimismo, se estima, dependiendo del escenario, que el nuevo sistema generaría entre 374.256 (modelo sueco) y 393.679 (demanda real estimada) empleos equivalentes a tiempo completo, lo cual supondría un aumento en los ingresos procedentes de las cuotas a la Seguridad Social, IVA, impuesto de sociedades e IRPF, además de un ahorro considerable por la disminución del gasto por prestaciones de desempleo. Según diversos estudios, dicho retorno económico fluctuaría entre 40-65 céntimos por cada euro invertido, por lo que la implantación del nuevo modelo generaría unos ingresos de entre 4.718 y 4.847 millones de euros.

Más allá de los retornos económicos y financieros, la reforma también generaría otros efectos sociales positivos más intangibles y difíciles de medir. Uno de los más evidentes la reducción de la brecha laboral de género, que permitiría desarrollar su carrera profesional a las mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas de cuidado o las compatibilizan con su empleo. Además, varios estudios han evidenciado los efectos positivos que el cambio tendría en la salud y la calidad de vida de las personas cuidadoras, y la mejora de la situación y autonomía de las personas cuidadas. Igualmente, ayudaría a reforzar la cohesión social, al contar todos los grupos sociales con un nuevo servicio público universal de gran valor, accesible en función de las necesidades, y que contribuiría a la igualdad de oportunidades en uno de los países que sigue destacando en el contexto internacional por sus niveles de desigualdad.