País Vasco y Navarra encabezan el desarrollo de los servicios sociales

El sexto informe de análisis del desarrollo de los servicios sociales muestra un estancamiento del sector, que no progresa lo suficiente para dar respuesta a las necesidades sociales actuales. País Vasco y Navarra son las únicas comunidades que obtienen la máxima calificación alta, mientras que Castilla y León permanece en un lugar destacado de la clasificación autonómica.

Desde 2012, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España viene aplicando el Índice DEC para medir y evaluar el desarrollo de los servicios sociales. Este indicador tiene en cuenta tres aspectos esenciales como son el marco normativo y legislativo del sector, su relevancia económica y la cobertura de prestaciones y servicios sociales. Los resultados globales de 2018 sitúan el Índice en 5,22 puntos, superando por segundo año consecutivo la barrera de los cinco puntos. El desarrollo legislativo obtiene 0,88 puntos (de un máximo de 1,5 puntos), el esfuerzo económico 1,84 puntos (de un total de 3) y la puntuación de la cobertura de prestaciones y servicios es de 2,51 (sobre 5,5).

Respecto al año anterior, cabe señalar una leve mejora en el desarrollo legislativo de los servicios sociales, gracias a la aprobación de nuevas leyes, planes y mapas de recursos. Además, el gasto en el sector ha aumentado, tras haber tocado fondo en 2013 a causa de los recortes presupuestarios, así como la cobertura de prestaciones y servicios, que también ha crecido en relación con los resultados de 2017. Desde una perspectiva temporal más amplia, se observa que tanto el desarrollo legislativo como el esfuerzo económico han disminuido su puntuación entre 2012 y 2018. Sin embargo, se ha incrementado la cobertura de los recursos a lo largo de estos años ―principalmente― por el aumento de la cobertura de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Un rasgo distintivo del Índice DEC es que permite la comparación interterritorial. En 2018, País Vasco (7,20) y Navarra (7,15) son las comunidades mejor valoradas, ya que alcanzan la excelencia en las tres dimensiones que componen el Índice. A pesar de haber obtenido una puntuación mayor (7,45), Castilla y León, se sitúa en cambio en tercer lugar, ya que en la dimensión económica no alcanza los puntos necesarios para lograr la excelencia. Por otro lado, la reducción del rango de puntuaciones ―es decir, la distancia entre las puntuaciones más altas y más bajas―sugiere una menor desigualdad entre comunidades autónomas, pero aun así las diferencias siguen siendo importantes. Por ejemplo, Castilla y León, Aragón y Baleares cuentan con un mayor desarrollo normativo y planificación de los servicios sociales respecto a territorios como Extremadura o la Comunidad de Madrid, donde la Ley de Servicios Sociales vigente es de 2003.

En cuanto al gasto en servicios sociales, el País Vasco destina al sector 703 € por habitante y año, más del doble que comunidades como Murcia (297 €). Además, los datos muestran diferencias significativas en la ratio de profesionales de los servicios sociales de base, ya que Navarra cuenta con un profesional por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid esa tasa se reduce a uno cada 8.354 habitantes. No obstante, se debe remarcar que la disparidad en esta dimensión no se debe únicamente al gasto realizado en el sector, sino también a los modelos de organización y gestión, los cuales pueden resultar más o menos eficientes.

Teniendo en cuenta el desequilibrio de los distintitos aspectos que engloba el Índice DEC, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales lleva años remarcando la existencia de “derechos de papel” y “cobertura sin garantía”. En el primero de los casos, los derechos reconocidos por Ley superan la cobertura real de los recursos, como es el caso de Aragón, Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, hay territorios (Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha) donde el escaso desarrollo normativo pone en peligro la atención prestada por los servicios sociales.

Otra conclusión que se obtiene de la lectura de los indicadores económicos es que más no siempre es mejor y que la clave de la eficiencia del gasto en los servicios sociales podría residir en el grado de descentralización de los servicios y la organización racional del sistema. Así, Extremadura y Asturias realizan un esfuerzo económico muy elevado, pero presentan índices de cobertura bajos, mientras que en Castilla y León y Cataluña ―donde el protagonismo local en la gestión de los servicios sociales es alto― el equilibrio entre ambas dimensiones es mayor. Aunque no exista un modelo perfecto, se infiere que la distribución y coordinación de los recursos entre las diferentes Administraciones evita el solapamiento o la infraatención de los servicios sociales.

Más allá de prestaciones y servicios, los autores subrayan las limitaciones con las que se encuentran para realizar este análisis, ya que la información necesaria para evaluar el desarrollo del sector no se recoge de manera sistemática ni rigurosa. Este déficit también supone un obstáculo para la planificación del sistema público de servicios sociales, además de contrariar el derecho a la información de la ciudadanía. Por ello, los autores reclaman un sistema de información estatal para normalizar, integrar y organizar toda la información relativa a los servicios sociales.

Otra de las recomendaciones del informe se refiere a la necesaria incorporación de los derechos sociales a los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución española. En esta misma línea, los autores creen que debería existir una ley estatal de servicios sociales que garantice unos mínimos en prestaciones y servicios, y que ayude a mejorar la articulación territorial de los recursos para que la gestión sea más integral y eficiente.

Para concluir, el documento recoge una serie de cuestiones a debatir de cara al futuro de los servicios sociales. Por un lado, se nombra la necesaria recuperación de la capacidad de intervención de los servicios de atención primaria, más allá de las tareas de tramitación y control que congestionan el sistema comunitario. Por otro, los autores ponen sobre la mesa el replanteamiento de la atención domiciliaria y los modelos de atención residencial, así como la renovación de las estrategias y políticas sociales para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad emergentes, como la soledad no deseada.