La mitad de la ciudadanía de la UE considera insuficiente la cobertura del Estado del bienestar

Este informe realizado por la Comisión Europea recoge las percepciones de la población de la UE en torno a los mecanismos de protección social del Estado del bienestar.

La existencia de un Estado de bienestar amplio e integral, entendido como institución social que asume la responsabilidad de la protección social, la redistribución de recursos y del fomento de la igualdad de oportunidades, es una de las principales características de las sociedades europeas. Sin embargo, a tenor de las transformaciones socioeconómicas sobrevenidas en los últimos años, los Estados del bienestar están siendo sometidos a desafíos sin precedentes. Entre otros, el aumento en la competencia económica a nivel mundial, el envejecimiento demográfico, los nuevos modelos de familia o las transformaciones en el mercado de trabajo derivadas del cambio tecnológico han tenido como corolario una creciente presión fiscal, social y política sobre los sistemas de protección social. En un clima de cuestionamiento de la adecuación y sostenibilidad futura de estos mecanismos, y ante la dificultad para realizar reformas por parte de los Estados miembros, el debate en torno al Estado del bienestar ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente.

Uno de los aspectos clave del debate concierne a la necesidad de establecer relaciones de redistribución equitativa y de solidaridad entre generaciones y sexos, entre ricos y pobres, entre población autóctona e inmigrantes, o entre la ciudadanía de diferentes países de la UE. En este sentido, el énfasis en la responsabilidad individual es un argumento recurrente, desde el que se sostiene que los mecanismos de bienestar social socavan la autonomía individual, dañan los lazos sociales tradicionales y debilitan las formas privadas de solidaridad y ayuda. Este argumento contribuye a aumentar la preocupación por el futuro de los Estados de bienestar, no solamente en términos políticos y económicos, sino especialmente en términos de legitimidad social.

Este informe elaborado por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea incide en este último aspecto. El estudio recopila y analiza las evidencias disponibles sobre la actitud de la población europea acerca de los sistemas de protección social vigentes, con la intención de detectar las preferencias las preferencias respecto al tipo de contrato social . Con ese fin, traza un mapa de las actitudes de la ciudadanía hacia los distintos pilares que componen el sistema de protección social, a saber, las prestaciones familiares, las pensiones, los subsidios por desempleo, la atención sanitaria, la asistencia social, los cuidados a largo plazo y la protección frente a la invalidez, y la vivienda social. Adicionalmente, hace hincapié en las actitudes hacia la posible implantación de mecanismos de protección social de carácter paneuropeo. En lo que a la metodología se refiere, el informe se fundamenta en un examen exhaustivo de la literatura académica sobre las actitudes hacia los diversos principios que subyacen al funcionamiento de los Estados del bienestar, así como en el examen sistemático de una amplia colección de encuestas y bases de datos disponibles a escala europea. Con independencia del año de incorporación, nivel de desarrollo económico y el tipo de sistema de protección, el estudio abarca a todos los Estados miembros del club europeo.

Entre las conclusiones que se desprenden del presente estudio, ante todo, cabe destacar que la legitimidad del modelo europeo de Estado del bienestar está fuertemente arraigada: la mayor parte de la ciudadanía europea se preocupa por el bienestar de aquellas personas en situaciones de riesgo. Por tanto, se evidencia un fuerte apoyo a un contrato social en el que el Gobierno intervenga en la redistribución de recursos, a fin de hacer frente a los riesgos sociales y facilitar la igualdad de oportunidades. Asimismo, se constata que la preocupación por que las diferencias económicas no se hagan demasiado grandes está muy extendida, lo cual vendría a fortalecer el apoyo de la existencia de mecanismos de redistribución. Por otro lado, se observan diferencias en la importancia asignada a cada uno de los principios de justicia social en función de las disposiciones de bienestar. Por ejemplo, en el caso de las pensiones y las prestaciones familiares, los principios contributivos o de “merecimiento” tienen un mayor peso, mientras que para la atención sanitaria y los cuidados a largo plazo y la protección frente a la invalidez, el principio de necesidad adquiere mayor transcendencia.

Otra de las evidencias ofrecidas por el informe subraya que tanto los factores individuales como los contextuales moldean de forma significativa las preferencias relacionadas con la protección social. En cuanto a los primeros, el interés propio se erigiría como factor determinante, es decir, se observa que las personas tienden a apoyar de forma más vehemente las políticas en las que ellas mismas, o las personas cercanas, tienen un interés personal. A modo de ilustración, cabe señalar que los niveles de apoyo a las prestaciones familiares son sistemáticamente superiores entre los progenitores y las personas jóvenes, o que las personas ancianas tienen una mayor propensión a apoyar las políticas de mejora de pensiones. Otro factor individual de relevancia, que en ocasiones llegaría a desplazar el interés propio, sería la ideología. En particular, se pone de manifiesto que las consideraciones ligadas al mérito resultan importantes a la hora de dar forma a las preferencias en cuanto a los mecanismos de protección social. En este sentido, si bien se asume, en general, la universalidad de la atención sanitaria y los cuidados a largo plazo, los mecanismos de apoyo a las personas pobres o desempleadas no cuentan con el mismo grado de aceptación.

Además de las diferencias en el plano individual, también se evidencian importantes diferencias entre países. A este respecto, el patrón observado puede caracterizarse como una división entre el este y sur de Europa, por un lado, y el oeste y norte de Europa, por otro. Esta constatación sería representativa de la importancia de los factores contextuales específicos (configuración institucional, condiciones económicas) a la hora de explicar las diferencias entre países. Entre estos últimos, cabe poner de relieve la correlación positiva existente entre las condiciones económicas y los niveles de protección social, por una parte, y entre el grado de satisfacción de la ciudadanía y las disposiciones del bienestar, por otra.

Por último, respecto al hipotético establecimiento de mecanismos de protección social a escala paneuropea, es en los países del este y sur de Europa donde esta idea genera un mayor apoyo, impulsada por la expectativa de que la participación en la UE brindará la oportunidad de mejorar los niveles de prestación en bienestar social. Por el contrario, en los países con fuertes Estados del bienestar del norte de Europa existen importantes reticencias al respecto, ya que consideran que la intervención de la UE podría llevar a una reducción en la calidad de los mecanismos vigentes de protección social.