La condicionalidad no funciona en el Reino Unido

Este informe sintetiza los principales resultados de un ambicioso estudio cualitativo sobre condicionalidad en las políticas sociales llevado a cabo en Inglaterra y Escocia durante cinco años.

Entre 2013 y 2018, el Economic and Social Research Council (ESRC) financió un programa de investigación sobre condicionalidad en las políticas sociales británicas en el que participaron equipos de seis universidades. Perseguía tres objetivos: comprender el papel de ese instrumento en la promoción de determinados cambios de conducta en las personas beneficiarias de prestaciones; dilucidar en qué circunstancias su uso puede estar justificado; y, por último, obtener datos fehacientes con los que demostrar si era eficaz y ético. Además de una revisión bibliográfica, se llevó a cabo un amplísimo el trabajo de campo en Inglaterra y Escocia, que incluyó 52 entrevistas con entidades implicadas, 27 grupos focales con personal técnico y un estudio panel de tres años de duración con personas beneficiarias (481 en la fase inicial y 1.082 en total). El Ministerio de Empleo (DWP) vetó la participación de personal de Jobcentre Plus y el Work Programme, por lo que no pudieron realizarse grupos focales con tales profesionales. En cuanto a las personas beneficiarias, se consideraron nueve perfiles: personas en búsqueda de empleo, personas receptoras del Universal Credit, personas con discapacidad, personas inmigradas, familias monoparentales, personas condenadas judicialmente, personas beneficiarias de viviendas sociales, personas sin hogar, personas destinatarias de programas contra la conducta antisocial y familias atendidas mediante intervenciones intensivas. El programa dio pie a múltiples publicaciones (entre ellas, la ref. 545532) y a este pequeño informe que sintetiza los principales resultados.

Las conclusiones de la investigación son demoledoras. En el sistema de la seguridad social, la condicionalidad se mostraba incapaz de favorecer la entrada en el mercado laboral o la progresión dentro de él. Las pocas personas que obtuvieron un empleo durante el estudio alternaron trabajos inseguros con periodos de desempleo. Una minoría sustancial de participantes en la investigación adoptaron actitudes negativas o vieron empeorar sus condiciones de vida debido a la condicionalidad, porque esta exacerbó su falta de ingresos, propició las actividades criminales o perjudicó su salud. Pocos casos lograron abandonar las prestaciones económicas o las conductas antisociales, siendo más habitual los avances y retrocesos en este sentido. Los alquileres sociales temporales apenas incidían en la conducta de las personas inquilinas y las sanciones económicas raramente favorecían la búsqueda de trabajo. Finalmente, los apoyos ofertados para la búsqueda de empleo eran muy poco eficaces y las posibilidades previstas de suspender o reducir la búsqueda de empleo por circunstancias personales justificadas (sinhogarismo, monoparentalidad, enfermedad) no se aplicaban habitualmente.

El informe insta a las autoridades a revisar el uso continuado de la condicionalidad en el sistema de seguridad social, o al menos, a reequilibrar apoyos y sanciones, invirtiendo más recursos en la asistencia personalizada para la búsqueda de empleo. También aconseja reformar el sistema de sanciones, de forma que sean menos severas, vayan acompañadas de advertencias claras y no se dirija a personas vulnerables. Otro aspecto que habría que corregir se refiere a las variaciones e inconsistencias en la implementación de las dispensas a la búsqueda de empleo. Por último, pide que la condicionalidad se deje de aplicar a personas con discapacidad o dependencias, a personas sin hogar y a trabajadores/as pobres hasta haber evaluado si resulta efectiva y ética para estos grupos.