Impactos y asimetrías del ingreso mínimo vital

La sustitución de las rentas mínimas autonómicas por el ingreso mínimo vital tendría efectos positivos en materia de pobreza y distribución de ingresos a nivel estatal, a expensas de empeorar la situación en las comunidades autónomas con sistemas de rentas mínimas más generosos.

En junio del 2020, en un contexto marcado por las dificultades económicas derivadas de la crisis de la covid-19, se introdujo en el Estado español una nueva prestación social dirigida a apoyar económicamente a aquellos hogares en situación de mayor necesidad: el ingreso mínimo vital (IMV). Su aprobación y posterior establecimiento ha marcado un hito en la política social española, ya que a diferencia de la gran mayoría de países de la UE, España no contaba con un sistema de rentas mínimas a escala nacional. Hasta entonces, entre las prestaciones no contributivas destinadas a garantizar unos ingresos mínimos a aquellos hogares que no podían alcanzarlos a través del mercado u otras prestaciones sociales, existían solamente las rentas mínimas. Articuladas escala autonómica, su cuantías, nivel de cobertura y criterios de elegibilidad resultan muy heterogéneos, lo cual tiene resultados dispares en cuanto a su capacidad para reducir los niveles de pobreza.

A través del modelo de microsimulación de impuestos y prestaciones Euromod, el trabajo en el que se basa esta reseña busca cuantificar los efectos distributivos y de pobreza producidos por la introducción del IMV. En concreto, partiendo de la configuración actual del sistema de prestaciones de protección social, se plantean dos posibles escenarios. En el primero de ellas, se busca identificar los impactos distributivos y de pobreza derivados de la integración del IMV en el sistema actual de prestaciones sociales. En un segundo escenario, se plantea que la entrada del IMV provoca una supresión simultánea de las rentas mínimas autonómicas.

En lo que al impacto distributivo respecta, en ambos escenarios de referencia los efectos en los niveles de desigualdad de renta de la población en general son poco significativos. En otras palabras, más que el IMV o las rentas mínimas, los demás mecanismos que componen el sistema de prestaciones sociales (entre otros, la prestación por desempleo o las pensiones de jubilación), son los que reducen en mayor medida la desigualdad de rentas que resulta de la asignación primaria del mercado. Sin embargo, al centrar el análisis únicamente en la parte de la población potencialmente perceptora de la prestación, afloran impactos significativos que varían considerablemente de una comunidad autónoma a otra. Con independencia del territorio, la introducción del IMV reduce los niveles de desigualdad de renta en todas las autonomías. En Galicia, La Rioja, Aragón, Baleares y Canarias, los efectos distributivos positivos generados por el IMV superan a los propiciados por el sistema de prestaciones sociales vigentes. Siguiendo la misma línea, en la práctica totalidad de comunidades el IMV tiene impactos distributivos agregados positivos aun cuando se retiren simultáneamente las rentas mínimas. La excepción, la conforma Euskadi, donde los efectos negativos de la retirada del sistema rentas mínimas serían superiores a los efectos de reducción en la desigualdad de rentas derivados del IMV.

Respecto al impacto en los niveles de pobreza, a nivel estatal la IMV también reduce la incidencia y la intensidad de aquella, tanto ante situaciones de pobreza relativa como de pobreza extrema. No obstante, observando la incidencia en la pobreza relativa, los impactos negativos de la eliminación de las rentas mínimas superarían los efectos positivos de la nueva prestación. Ahora bien, si en lugar de la incidencia, la atención se traslada a la intensidad de la pobreza relativa, o de forma similar, a la incidencia e intensidad de la pobreza extrema, la reducción que supone la incorporación del IMV supera el impacto negativo de la retirada de las rentas mínimas.

De nuevo, al acotar el ámbito analítico a las comunidades autónomas, la imagen que se desprende resulta un tanto diferente a la descrita para la totalidad del territorio. Aun cuando la introducción del IMV tenga la capacidad de reducir la pobreza en todas sus dimensiones, la supresión de las rentas mínimas implica un impacto agregado desigual dependiendo del territorio considerado. En una serie de comunidades autónomas, entre los que se encuentran Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, este segundo escenario plantearía un aumento de la incidencia y una disminución paralela de la intensidad. Cantabria experimentaría una reducción en los niveles de incidencia de la pobreza, pero la situación empeoraría si se considera la intensidad. En el caso de Euskadi, este escenario conduciría a un empeoramiento de la pobreza en todas sus dimensiones, ya que la mejora derivada del IMV quedaría anulada por la eliminación de las rentas mínimas. Si se considera la pobreza extrema, en cambio, la interacción entre la introducción del IMV y la eliminación de las rentas mínimas genera un patrón de resultados más uniforme que el observado en lo tocante a la pobreza relativa. A excepción de Cantabria y Euskadi, en las que aumentaría la incidencia e intensidad de la pobreza, todas las demás comunidades verían reducida la pobreza extrema en todas sus dimensiones.

Para el conjunto del Estado español, la IMV añadiría, en promedio, 210 €/mes a la renta familiar, una cifra claramente superior a los 156 €/mes adicionales que suponen, de media, los regímenes de rentas mínimas. Con todo, esta aparente imagen de beneficio generalizado se viene abajo al adoptar un enfoque autonómico. Por ejemplo, los ingresos adicionales medios esperados por las familias en Euskadi correspondientes al IMV serían de 190 €/mes, contra los 474 € mes de la renta de garantía de ingresos. En la otra cara de la moneda, las familias residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid obtendrían de media unos ingresos adicionales de 271 €/mes por el IMV, una cifra netamente superior a los 137 €/mes que obtienen de las rentas mínimas.

Finalmente, en lo que a las arcas públicas respecta, considerando el ahorro esperado debido a la incompatibilidad de la IMV con la prestación por hijo o hija a cargo y los recursos liberados por la hipotética eliminación de las rentas mínimas autonómicas, se estima que los costes derivados de la introducción y extensión del IMV se reducirían hasta alrededor de 377 millones de euros anuales.