Este informe de la Red Europea de Política Social pone en evidencia que una parte de la población en riesgo de pobreza y exclusión en la Unión Europea no tienen garantizado el derecho a acceder a los servicios esenciales.
Entre los principios que constituyen el pilar europeo de derechos sociales, se recoge que toda persona tiene derecho a servicios esenciales de alta calidad, subrayándose el deber de prestar apoyo en el acceso a estos servicios a quien lo necesite por parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Mediante el reconocimiento de la importancia de los servicios esenciales (el suministro de agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales), la UE apunta directamente a la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la población de bajos ingresos a fin de realizar avances palpables en el ámbito de la protección e inclusión social.
Este informe pretende poner los cimientos de una estrategia para atajar dicha necesidad latente. A petición de la Comisión Europea, la Red Europea de Política Social (REPS) ha elaborado diagnósticos individuales para un total de 35 países (los 28 de la UE y países candidatos) donde se describen y analizan las medidas, marcos normativos y reformas puestas en marcha en cada uno de ellos para ayudar a las personas de bajos ingresos a acceder a los servicios esenciales anteriormente citados. En el presente trabajo, se recopilan las principales conclusiones que se derivan de dichos análisis, por lo cual ofrece una radiografía integral de la cuestión a nivel europeo.
Una de las conclusiones de gran calado que se desprende del informe es la asimetría en la disponibilidad de medidas de apoyo en función del servicio. Por un lado, en cuanto al suministro de agua, el saneamiento o la energía, ya sea en forma de tarifas reducidas, prestaciones económicas o prestaciones en especie, la adopción de medidas dirigidas a facilitar el acceso a las personas de bajos ingresos está considerablemente extendida. No obstante, se detectan carencias en ciertos ámbitos, entre los cuales destaca la implantación limitada de mecanismos de protección ante las desconexiones de la red eléctrica o la de abastecimiento de agua. Por otro lado, se constatan importantes carencias en los demás servicios esenciales. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, pese a la extensión de las medidas de apoyo al acceso, rara vez se focalizan en la población con menor renta. Asimismo, en lo relativo a las comunicaciones digitales, son minoría los países que han implementado medidas para promocionar la inclusión digital, lo cual ahonda en la brecha que sufre la población de estratos inferiores de ingresos. Finalmente, llama también la atención la diversidad en cuanto a los niveles institucionales responsables de los mecanismos de apoyo. Mientras que en servicios como el suministro de agua, el saneamiento y el transporte destacan las medidas de apoyo locales o regionales, en lo relativo a la energía o los servicios financieros, el apoyo se organiza principalmente desde instancias estatales.