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El bono social, una herramienta poco eficaz contra la pobreza energética

El bono social, una herramienta poco eficaz contra la pobreza energética El bono social, una herramienta poco eficaz contra la pobreza energética

Costa-Campi, M.T., et al., La pobreza energética en España. Aproximación desde una perspectiva de ingresos. Serie: Guías Técnicas de Energía y Medio Ambiente n. 32, Madrid, Fundación Naturgy, 2019, 129 p.

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Este estudio de la Fundación Naturgy concluye que las rentas disponibles del hogar son el principal determinante de la pobreza energética, por lo que reclama que las medidas para su alivio incorporen la perspectiva de los ingresos en su diseño.

Esta publicación de la Fundación Naturgy ―creada por la tercera compañía eléctrica en términos de cuota en el mercado doméstico de electricidad― indaga en el problema de la pobreza energética en el Estado español. Establece como punto de partida que la pobreza energética es una manifestación de la pobreza general, ya que ambas resultarían de la insuficiencia de ingreso familiar para hacer frente a un nivel de gasto que garantice un nivel de consumo considerado necesario Desde esta premisa, el análisis gravita en torno a la relación entre la pobreza energética, el consumo energético y los elementos vinculados a las rentas de los hogares.

Tomando como referencia la Encuesta de Presupuestos Familiares para el periodo 2011-2017, se hace uso del indicador low income high costs (que detecta hogares con bajos ingresos y alto gasto energético) con el propósito de cuantificar el problema, para posteriormente caracterizar a los hogares en situación de pobreza energética, y finalmente medir la incidencia relativa de los potenciales determinantes de la pobreza energética, con énfasis en el efecto de los elementos vinculados a la renta de los hogares. Adicionalmente, a fin de medir la relevancia que puedan tener las condiciones climáticas sobre la pobreza energética dependiendo de la localización del hogar, se utilizan los datos de incidencia de temperaturas extremas a nivel autonómico. Asimismo, debido a la heterogeneidad territorial que presenta el Estado español en lo relativo al nivel de rentas, cuantía de ayudas sociales o estructura demográfica, los resultados se desagregan a nivel autonómico.

Conforme a los resultados del análisis, en promedio, un 8,3 % de los hogares españoles sufrieron de pobreza energética durante el periodo 2011-2017. En ese lapso, las tasas no sufrieron grandes oscilaciones. El pico máximo se situó en un 9 % (2013), y el mínimo, en un 7,4 % (2017). Pese a constatarse una tendencia a la baja en los últimos años ―alrededor de 67.500 hogares habrían escapado de situaciones de pobreza energética desde 2013―, los autores llaman a la precaución, ya que la bajada podría deberse a una disminución del consumo de energía con el fin de reducir las facturas energéticas. Si se adopta una perspectiva territorial, las tasas de pobreza energética presentan grandes fluctuaciones de una comunidad autónoma. a otra. Las tasas de incidencia más altas se concentran en los alrededores de la Comunidad de Madrid ―tasas medias por encima del 12 %―, un fenómeno que los autores han denominado “anillo de alta pobreza energética”.

En lo relativo a la caracterización de los hogares en situación de pobreza energética, los resultados apuntan a la existencia de una serie de rasgos socioeconómicos y de vivienda que se presentan en mayor proporción en la población que padece pobreza energética. En el caso de la vivienda, destacan las situadas en áreas rurales y de más de 25 años de antigüedad. En cuanto a las variables socioeconómicas, la proporción de hogares monoparentales, unipersonales, desempleados y en régimen de alquiler es notablemente superior a la población en general. Si se considera el porcentaje de hogares sobre el total que presentan los anteriores rasgos por comunidades autónomas, se tiene una primera pista de las posibles causas de las diferencias territoriales. Por ejemplo, dos de las comunidades con mayor presencia de hogares en áreas rurales son Extremadura y Castilla y León ―36,2 % y 23,6 % superior a la media española, respectivamente―, que  junto a Castilla-La Mancha, conforman el mencionado “anillo de alta pobreza energética”.

Por otro lado, mediante un análisis econométrico, se definen los principales determinantes de la pobreza energética. Entre las variables explicativas que se relacionan con una mayor probabilidad de diagnóstico de la pobreza energética, destacan vivir en hogares unipersonales (un 6 % más de probabilidad), monoparentales (7,2 %) o en desempleo (9,3 %). De nuevo, las diferencias en los efectos marginales de estas variables resultan notorias si considera la dimensión territorial. En el caso de los hogares unipersonales, el efecto marginal supera el 10 % en La Rioja y Castilla y León, mientras que en Canarias y Andalucía esta variable no es significativa, por lo que no afecta a la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética. En aras de profundizar en la explicación de estas diferencias, los autores ofrecen otro ejemplo: la variable de hogares en desempleo, pese a ser significativa para la totalidad de comunidades, el efecto marginal oscila entre un 4,9 % y un 12,2 %. Si se comparan la Comunidad de Madrid y el País Vasco, cuyas tasas de paro resultan idénticas, Madrid es la comunidad autónoma con mayor incidencia de esta variable en la probabilidad de un hogar de encontrarse en pobreza energética, en tanto que en el País Vasco, su efecto es pequeño. Según los autores, de lo anterior se desprende que el problema no radica tanto en recibir o no una ayuda económica en situaciones de vulnerabilidad, sino que el factor fundamental reside en la cuantía de la ayuda recibida. Así, para el caso anterior, conjeturan que las diferencias pueden deberse a las cuantías y cobertura de la renta mínima de ingresos.

A modo de síntesis, este estudio concluye que la pobreza energética es un fenómeno muy relacionado con la renta disponible del hogar, y, por lo tanto, una vía clara de actuación pasaría por considerar la perspectiva de ingresos en el diseño de medidas orientadas a paliar las situaciones de pobreza energética, sin dejar por ello de lado las medidas de eficiencia energética. De acuerdo a estas conclusiones, se lanzan una serie de recomendaciones de política pública para la lucha contra la pobreza energética. Sin entrar en excesivo detalle, se muestra una preferencia por programas y prestaciones focalizados en determinados grupos poblacionales. Además, para el caso de las prestaciones universales ya existentes, subraya la necesidad de una armonización ’a la alta’. Por último, reclama la adopción urgente de nuevas medidas, ya que considera que el bono social es una política marcadamente regresiva.

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