Evaluación participativa del nuevo baremo de la discapacidad: hacia una inclusión más eficaz. Informe final [es]

El documento evalúa la implementación del Nuevo Baremo de Discapacidad en España (RD 888/2022). Detecta graves problemas: tiempos de espera de 16 meses (superando el plazo legal de 6), falta de formación profesional, desigualdad territorial, reducción injustificada de grados y un 74% de inconformidad. Urge mejorar equidad, transparencia y humanización.

El documento presenta el Informe Final de la evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad en España (Real Decreto 888/2022), impulsada por COCEMFE. El estudio, basado en un enfoque mixto (cuestionario a 1.078 personas, entrevistas telefónicas y un grupo de discusión con profesionales), analiza la implementación del nuevo modelo biopsicosocial alineado con la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Convención de la ONU. Los resultados revelan graves problemas: tiempos de espera medios de 16 meses (frente a los 6 meses legales), uso generalizado de valoraciones no presenciales, escasa formación de los equipos valoradores (solo el 2% de los casos contó con los cuatro profesionales requeridos) y una percepción mayoritaria de inconformidad (74% tras el nuevo baremo). Además, se observa una tendencia a la reducción del grado reconocido (del 41,9% al 39,2%) y una falta de consideración de las comorbilidades en el 77% de los casos.

El informe concluye que el avance normativo se ve comprometido por una implementación desigual entre comunidades autónomas, falta de transparencia, barreras administrativas y un sistema de reclamaciones ineficaz que a menudo empeora la situación inicial. Como reivindicaciones principales, se proponen: garantizar la presencialidad como modalidad general, reducir listas de espera mediante más recursos y uso de criterios de simplificación, establecer formación obligatoria para profesionales, asegurar la equidad territorial con protocolos homogéneos, y mejorar la participación del movimiento asociativo en la gobernanza del sistema. El estudio subraya que, sin estas mejoras, el derecho a una valoración justa e integral no se está garantizando en la práctica.