Este informe realiza una radiografía del tercer sector social en Euskadi, ámbito de actividad en pleno crecimiento que en los últimos cinco años ha incorporado a 438 nuevas organizaciones y a más de 36000 personas.
El tercer sector social constituye como un agente clave en el sistema de bienestar vasco, ya que realiza actividades de interés general que no entran en los servicios de responsabilidad pública. De hecho, el 64,7 % de las organizaciones del sector provee servicios no incluidos en las carteras de responsabilidad pública. Consecuentemente, la planificación, estructuración y evaluación por parte de las autoridades públicas resulta imprescindible, y con ese fin, requiere datos sistemáticos y periódicos relativos a las organizaciones del sector. Este informe, elaborado por el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, pretende responder a esa necesidad. Para ello, realiza una radiografía del tercer sector social a nivel autonómico donde se ofrecen una serie de datos sobre las organizaciones que constituyen el sector: su identidad, su actividad, las personas que lo integran, los recursos económicos con los que cuentan, las herramientas de gestión que utilizan y las relaciones internas y externas que mantienen. Los resultados que se presentan se derivan de una muestra de 371 organizaciones que han cumplimentado un cuestionario entre mayo y junio del 2019.
Del documento se desprende que el tercer sector social de Euskadi está formado por un total de 3.938 organizaciones y que, sumando a empleados/as y voluntarios/as, aglutina a un total de 197.124 personas. Se trata de un sector consolidado y de amplia trayectoria, en el que aproximadamente una de cada tres organizaciones tiene 20 años o más. Entre las actividades desarrolladas, destacan la promoción de derechos de distintos colectivos (36,5 %) y la provisión de servicios sociales (23,3 %), siendo las niñas, niños y adolescentes (17,8 %), las personas mayores (12,4 %) y las personas con discapacidad (11,8 %) las principales beneficiarias de la labor de estas entidades.
Respecto al personal, el voluntariado es mayoritario (80,45 %). Además, tanto si se trata de personas voluntarias como remuneradas, se observa que estamos ante un sector bastante feminizado ―las mujeres conforman el 61,65 % del sector―. En cuanto al personal remunerado, pese a constatarse tasas de parcialidad y temporalidad más elevadas que la media autonómica (32 %), la tasa de participación de personas discapacitadas e inmigrantes es significativa (20,5 % y 20,9 %, respectivamente).
Trasladándonos al ámbito económico, se advierte una situación heterogénea en cuanto al volumen económico gestionado. Así, un 7,6 % de las organizaciones tendrían un presupuesto superior a 1,5 millones de euros, mientras que un 31,7 % de las entidades no superarían los 12.000 euros. Respecto a los ingresos, la financiación pública es la más cuantiosa (56 %), sobre todo en forma de subvención (38 %). Sin embargo, el peso de las cuotas de las personas socias también es destacable (17,9 %). Finalmente, este informe ofrece una comparativa entre 2014 y 2019, donde se aprecia la evolución de algunos indicadores presentados en el estudio. Más allá del incremento en el número de organizaciones (+438), personas participantes (+36.014) y volumen económico (+285 millones de euros), llama la atención el aumento del porcentaje de organizaciones que se relacionan bastante o mucho con empresas (+10,3 %).