El 14,5% de la población del País Vasco está en riesgo de pobreza o exclusión social

Al igual que otros países, España no ha cumplido el objetivo de inclusión social de la Estrategia Europea 2020, a pesar de la mejora observada en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Según el 8º informe de seguimiento de este indicador, este hecho es debido, en parte, a la desigualdad territorial.

El 8º Informe de seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) está elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Este estudio tiene como finalidad evaluar el grado de cumplimiento en España del objetivo de inclusión social especificado en la Estrategia Europea 2020. Para ello, el informe analiza la incidencia y la intensidad de la pobreza y la exclusión social tanto en el conjunto de España como en sus comunidades autónomas, mediante el análisis de la evolución del indicador AROPE. Este indicador está construido por medio de una metodología normalizada que permite su cálculo anual para cada uno de los países de la Unión Europea, lo que ha supuesto una ampliación del indicador de pobreza relativa, al combinarlo con la privación material severa y la baja intensidad en el trabajo de los hogares, de modo que recoge el carácter multidimensional de la pobreza y la exclusión social. El informe complementa, además, los resultados de este indicador con la construcción y análisis de otras medidas de pobreza, exclusión y desigualdad comúnmente aceptadas.

En la Estrategia Europea 2020, el Gobierno español asumió como objetivo reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo 2009-2019, así como lograr también una reducción proporcional de la pobreza infantil. Sin embargo, a pesar de la evidente mejora de la tasa AROPE, que se ha reducido entre 2014 y 2017 en 2,6 puntos porcentuales, en 2017 España estaba lejos de llegar a la situación de partida en 2009, y más lejos aún de alcanzar los objetivos propuestos hace una década. En 2017, el 26,6% de la población residente en España ―un total de 12.338.187 personas― estaba en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Desde un punto de vista comparativo, España mostraba una evolución de la tasa AROPE muy por encima de la media de la Unión Europea, lo que, según el informe, relativiza la importancia de la crisis económica como único responsable del incumplimiento del objetivo.

Los resultados del análisis realizado ponen de manifiesto que la tasa AROPE no es homogénea y registra variaciones importantes entre distintos grupos sociales. En lo que al género se refiere, la tasa AROPE femenina era en 2017 del 27,1% y, por primera vez desde 2011, volvía a ser superior a la masculina (26%). En efecto, en 2017 había en España 6,4 millones de mujeres y 5,9 millones de hombres en riesgo de pobreza o exclusión social. En cuanto a la edad, la tasa se redujo para todos los grupos, excepto para la población mayor de 65 años, aunque se mantenían enormes diferencias entre grupos: la población de 16 a 29 años registraba la tasa de pobreza o exclusión social más elevada (34,8%) y la más baja correspondía a las personas de 65 o más años (16,4%), aunque dentro de este último grupo la brecha de género era elevada. Asimismo, casi uno de cada tres menores de 16 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social (31%). Por otro lado, si bien es cierto que la tasa AROPE entre la población extranjera había experimentado una notable reducción, en 2017 seguía siendo elevada (40,8% entre la población extranjera originaria de la UE y 58,7% de la procedente del resto del mundo). Sin embargo, el 83,6% de todas las personas en situación de pobreza o exclusión social tenían nacionalidad española. Por otro lado, las personas residentes en hogares con menores han mantenido durante el periodo 2008-2017 tasas AROPE notablemente superiores a las del resto de hogares, especialmente en los monoparentales, que en su gran mayoría estaban en 2017 a cargo de una mujer (83%).

Además de los resultados generales sobre riesgo de pobreza y exclusión social, el documento analiza por separado cada uno de los indicadores que componen la tasa AROPE, así como diversas medidas adicionales. A pesar de la reducción experimentada respecto al año anterior, tanto en el número de personas en riesgo de pobreza ―300.000 personas menos― como en el número de personas en situación de privación material severa, desde 2008 estos dos indicadores han sufrido un incremento de unas 900.000 y 700.000 personas, respectivamente. El estudio destaca, a su vez, que el 14,1% de las personas ocupadas se encuentran en situación de riesgo de pobreza, lo que muestra que tener un empleo no garantiza, como se podría pensar, librarse de la pobreza.

Los resultados ponen de manifiesto, a su vez, un claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, con un aumento en las tasas de pobreza severa, de la brecha de pobreza y de la desigualdad. En efecto, la tasa de personas en situación de pobreza severa era en 2017 la segunda más alta registrada desde 2008 (6,9%). Asimismo, el informe destaca que la renta total del 20% de la población con mayores ingresos multiplicaba por 6,6 la renta total del 20% con menores ingresos. Tanto este indicador como el índice de Gini se situaban muy por encima de la media europea.

Finalmente, el documento hace especial hincapié en el aumento de la desigualdad autonómica. Prácticamente en la totalidad de los indicadores analizados se registraron en 2017 desigualdades territoriales. Estas desigualdades, además, se redujeron mínimamente con respecto al año anterior y se mantenían en niveles muy superiores a los registrados anteriormente a la crisis. Las comunidades autónomas con la tasa AROPE más elevada y más reducida registraban en 2017 una diferencia de 30,8 puntos porcentuales. Además, se observaba un claro patrón geográfico: las comunidades autónomas situadas al norte registraban tasas de AROPE, privación material severa y baja intensidad de empleo por hogar más reducidas; y las comunidades situadas al sur, por el contrario, las más elevadas. Según el informe, esta desigualdad territorial es una de las causas explicativas fundamentales del incumplimiento de los objetivos marcados en la Estrategia Europea 2020.

En el caso del País Vasco, el 14,5% de la población ―más de 318.000 personas― estaba en 2017 en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa se había reducido tres puntos porcentuales desde 2015 y era, en 2017, doce puntos inferior a la media nacional y la tercera más baja de todas las comunidades autónomas, tras Navarra y La Rioja. En cuanto a la tasa de pobreza severa ―medida a través del umbral del 30% de la mediana― fue en 2017 del 3,2%, 3,7 puntos porcentuales más reducida que la media nacional y la cuarta más baja de todas las comunidades autónomas, solo mejorada por Aragón, Cantabria y La Rioja. En cuanto a la evolución, la tasa de pobreza severa creció en medio punto respecto a 2016, con un aumento del 15%. En 2017, en el País Vasco una de cada tres personas en situación de pobreza estaba en situación de pobreza severa.