Las personas en situación de dependencia, las personas mayores, manifiestan su deseo de envejecer en casa los últimos años de su vida, pero en España, los servicios de atención domiciliaria son insuficientes para erigirse en una alternativa a la institucionalización de las personas con un alto grado de dependencia, cuando hay evidencia de que los apoyos comunitarios ofrecen una mejor calidad de vida que la atención residencial.
Esta sociedad tiene que revalorizar los cuidados, de ahí que se impone acabar con la precariedad laboral que caracteriza los servicios de atención domiciliaria, acabar con su alta temporalidad y parcialidad en las contrataciones, y con sus bajos salarios. Se impone dar una solución a la brecha salarial del personal auxiliar en servicios sociales y sanitarios, lo que además de ser de justicia, podría acabar con la dificultad de encontrar a personal que trabaje en servicios sociales residenciales y de atención domiciliaria.
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